Importantes conclusiones plantearon los invitados al Café para el Territorio: Implicaciones de la Ley 550-99 para Buenaventura, promovido por el Programa Buenaventura Cómo Vamos
“Como un respiro financiero y una alternativa económica”, catalogó Wilson Rodallega Panameño, concejal del Distrito de Buenaventura, la decisión del alcalde Víctor Hugo Vidal de presentar nuevamente una solicitud al Ministerio de Hacienda para acogerse a la Ley 550-99 y de esta manera, proteger los intereses de los habitantes del Distrito.
Este tema fue analizado en el espacio ‘Café para el Territorio’ del Programa Buenaventura Cómo Vamos de la Alianza Activa Buenaventura, al que asistieron funcionarios públicos, académicos y ciudadanía en general, en el cual se evaluaron varios puntos de vista de los aspectos positivos y negativos que podría generar la implementación de la Ley 550 de 1999.
Para Wilson Rodallega, el Distrito no es viable financieramente porque registra una acumulación de deudas, lo que ha generado que las cuentas se encuentren embargadas.
“Tenemos un promedio de pasivos de 817 mil millones de pesos: en el tema de impuesto predial significativo, solo el 30% de los 119 mil predios registrados están pagando sus obligaciones en Industria y Comercio, alrededor del 25% de las 4 mil empresas están al día. Si no tomamos una decisión, el problema puede ser peor”, agregó el funcionario.
En su intervención, el concejal Rodallega manifestó que se deben de reducir los gastos innecesarios y también que, si el Ministerio de Hacienda no acepta esta solicitud, la Administración debe buscar alternativas para recaudar recursos propios y mejorar las finanzas.
Por su parte, el economista experto en finanzas públicas, Ricardo Suárez invitado por el Programa Buenaventura Cómo Vamos al ‘Café para el Territorio’, recalcó que es la segunda vez que el Distrito de Buenaventura solicita un acuerdo de promoción de reestructuración y se convertiría en un precedente alarmante a nivel nacional porque sería la primera vez que una entidad suscriba nuevamente este proceso.
“Cuando se acogen a la Ley 550-99 se dan unos efectos inmediatos como la suspensión de las demandas ejecutivas y de todos los procesos judiciales que aquellos acreedores que no han recibido sus pagos interpusieron ante la justicia, es decir, es un ‘borrón y cuenta nueva’ que tiene un objetivo final llegar a unos acuerdos”, agregó el experto en temas de economía.
Finalmente, los conferencistas invitados respondieron las inquietudes del público.
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